Pedro tiene un negocio el cual hace unos años emprendió con mucho esfuerzo invirtiendo la liquidación de su anterior trabajo, las cesantías y hasta el último centavo de sus ahorros. Con ese dinero operó su primer negocio. Tuvo la fortuna de conseguir un cliente de esos que llaman “gran empresa”, de los que uno creería que nunca lo dejarían “en el aire”.
Celebró un gran contrato el cual se demoró 25 días ejecutando para lo cual tuvo que invertir todo el dinero que tenía. Al final de la ejecución, al presentar la factura tuvo que esperar un par de semanas más para que alguien detrás de un escritorio se dignara a firmar un recibo a satisfacción (número de entrada le llaman algunos). Finalmente, habiendo podido radicar la factura, se tuvo que resignar a un plazo de pago de 90 días. Mientras, Pedro tuvo que cumplir con la obligación de pagarle a la DIAN el IVA de una factura de la cual aún no ha visto ni un solo peso.
En resumen, Pedro tuvo que esperar unos 4 meses y medio desde que le pagó a sus proveedores para recuperar su inversión y disfrutar de una utilidad que ya se gastó a punta de préstamos honerosos para cubrir sus obligaciones, pero sobretodo para poder pagarle a sus empleados, el arriendo, los servicios de agua, gas y “la luz”.
Esta historia con algo de invento y mucha verdad. Es la realidad de las micros, pequeñas y medianas empresas que según el DANE son el 90% del total de las compañías del país. Generan más del 80% del empleo y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional.
No hay que ser un gran financiero para entender quiénes son los que más ganan y el que más sufre en esta cadena.
Las “grandes empresas”que tienen el descaro de pagar a plazos “quiebra-pata” y los bancos que ganan con los intereses de los préstamos parecieran tener una alianza maquiavélica para desangrar al aparato generador de empleo más importante de Colombia.
En nuestra región tenemos grandes empresas responsables y conscientes de la importancia de pagarle a sus proveedores en plazos justos, pero también es verdad que hay una que otra que tiene a muchos como Pedro, con el agua al cuello.
Para mejorar este desbarajuste el gobierno nacional ordenó que desde el 1 de enero de 2022 se cumpla la “Ley 2024 de 2020 de Pago a Plazos Justos”. La cual “obliga” a las grandes empresas a pagarle a las pequeñas y medianas en un plazo no mayor a los 45 días.
¡Qué bien, demandemos! diría el cuñado-abogado de Pedro. Pero Pedro sabe que si demanda a la gran empresa, difícilmente lo volverán a contratar.
La triste moraleja de esta historia es que Pedro no tiene otra que aguantarse el brinco, seguir haciendo malabares al borde de un abismo financiero para continuar con el sueño de su empresa y seguir generando empleo.
Y eso que Pedro todavía no ha leído la reforma laboral.
Eduardo Ortega del Río 